El sector transporte en Colombia está a punto de experimentar un cambio normativo significativo. A partir del 6 de noviembre de 2025 entrará en vigencia la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) para todas las empresas reguladas por la Superintendencia de Transporte.
Según asociaciones gremiales, más del 90 % de las compañías de transporte aún no cuentan con los sistemas, controles o tecnología adecuados para cumplir con la norma. Esto las podría dejar expuestas a sanciones legales, multas, pérdidas de reputación o incluso la suspensión de operaciones.
Entre los retos mencionados están la falta de familiaridad con el cumplimiento regulatorio, la carencia de personal capacitado y el acceso limitado a herramientas tecnológicas eficientes. Muchas microempresas, que forman la mayor parte del sector, están en riesgo de incumplir.
Qué pueden hacer las empresas:
Realizar una auditoría interna para identificar vacíos en sus procesos de riesgo y cumplimiento.
Invertir en herramientas tecnológicas o software especializado que facilite el monitoreo y reporte exigido.
Capacitar al personal responsable de cumplimiento normativo.
Asesórate con especialistas en seguros y gestión de riesgos para implementar pólizas y protocolos que minimicen el impacto ante sanciones.
Esta normativa no solo es una exigencia legal, sino una oportunidad para fortalecer la estructura de las empresas de transporte, mejorar la confianza en el sector y garantizar operaciones más seguras y transparentes.